Ante la disyuntiva fiscal: alcalde Cristián Menchaca promueve el consenso para la asignación de salud y apoya a los funcionarios en la búsqueda de soluciones para mejorar sus condiciones laborales.
Longaví, 19 de enero de 2024 – Los profesionales de la salud en Longaví se ven confrontados con una decisión de la Contraloría que amenaza con eliminar una asignación especial transitoria, vital para su sustento económico. La suspensión de esta asignación, amparada por el artículo 45, ha sido vista como una acción arbitraria que deja a Longaví en una posición desfavorable frente a otras comunas, donde este beneficio se mantiene intacto.
La medida, que se espera implementar de inmediato, ha generado una alarma generalizada en la comunidad médica. “Nos encontramos en una posición desventajosa sin precedentes, una situación impuesta no por decisiones locales, sino por una interpretación de la Contraloría que parece desoír la legalidad de una ley que nos respalda”, comenta un médico local. La disposición ha sido percibida como un paso atrás en los derechos de los trabajadores, poniendo en peligro la equidad y la justicia en el trato entre comunas.
Mientras el alcalde Cristián Menchaca ha iniciado todas las gestiones necesarias para abogar por los derechos de los trabajadores, la comunidad médica enfatiza que la raíz del problema surge de una directiva de la Contraloría. «Es esencial que se comprenda que esta inestabilidad no es fruto de la gestión municipal, sino de una instrucción del ente regulador, que debería proteger y no poner en riesgo la integridad de nuestro servicio», expresa una enfermera involucrada en las negociaciones.
En este contexto crítico, el alcalde y los funcionarios de salud de Longaví están comprometidos en una batalla no solo por sus ingresos, sino también por el reconocimiento y la valoración de su labor incansable. «Luchamos por la continuidad de un derecho que es nuestro, y por la certeza de que podemos seguir cuidando a nuestros pacientes sin la sombra de decisiones que van más allá de la lógica y la ley», agrega otro miembro del personal médico.
La comunidad espera que la Contraloría reconsidere su posición y busque una solución justa que refleje el cumplimiento histórico de la comuna con la normativa vigente. La resolución de esta situación es de suma importancia no solo para los trabajadores de la salud, sino para toda la comuna de Longaví, cuyo bienestar depende de la estabilidad y la seguridad de su sistema de salud.
La incertidumbre persiste, pero hay un compromiso compartido para dialogar y buscar soluciones que permitan preservar la calidad del servicio de salud en la comuna, ante lo que indican que “Este recorte no solo golpea nuestros bolsillos, sino que menoscaba el valor de nuestro servicio dedicado a cada paciente”, a la espera de que su voz colectiva inspire una revisión y rectificación que permita seguir adelante sin el temor a un futuro financiero incierto.